Este es el mensaje claro que ha salido de la mayor parte de los estados miembros de la UE al dar carpetazo a la propuesta del presidente Sarkozy de reducir los impuestos de los carburantes.

Además del ajuste del IVA de los hidrocarburos, desde Francia se solicita de la Comisión Europea que publique cada semana un informe clarificando el nivel exacto de las reservas de petróleo que posee en los depósitos estratégicos, como fórmula de lucha contra la especulación de los Brokers que encarecen el precio final para los consumidores.

La negativa se basa en que no se deben aplicar rebajas fiscales suponiendo que el petróleo tendrá una tendencia contraria a la actual, es decir, suponiendo que el petróleo bajara de precio a corto plazo.

Así que los sectores más afectados, es decir, aquellos con márgenes de ganancias altamente dependientes del precio de los carburantes (pescadores, transportistas, agricultores y ganaderos) tendrán que solicitar medidas diferentes a las rebajas fiscales en el combustible.

La vulnerabilidad de los sectores más dependientes del petróleo no debe ser paliada exclusivamente con inyecciones de dinero, se trata de sectores que, a falta de un cambio en las fuentes de energía, han dejado de ser sostenibles. Por ello, además de las ayudas o las re-estructuraciones, estos sectores deberían ser los más activos en la búsqueda de nuevos combustibles. Una rebaja fiscal significa, en la mayor parte de los casos, que el estado deje de tener maniobrabilidad en situaciones de crisis.

¿ Hay solución a corto plazo?

Todo apunta a que no. Los cambios en el precio del petróleo se producen con demasiada velocidad como para tratar de solucionar el problema a corto plazo.

Una solución a medio plazo pasa por maximizar la eficiencia energética de estos sectores.

Existe una solución a largo plazo basada en la transformación total de las fuentes de energía para el transporte. En este sentido las EERR (Energías Renovables) muestran el lado de la esperanza.

La ‘receta’ es el I+D para usar Renovables sin barreras y de forma rentable.

La Comisión Europea (CE), a través de la Comisaria Europea de Política Regional, Danuta Hübner, ha anunciado una partida de 315 millones de euros para las Comunidades Autónomas. Este dinero está destinado para, en los próximos cinco años, lo inviertan en el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética.

La ayuda destinada a España se dividirá en 107,4 millones de euros para el sector de la energía solar; 46,9 millones para la proveniente de la biomasa; 10 millones para el sector hidroeléctrico; 3,6 millones para la energía eólica y 147,5 millones para mejorar la eficiencia energética.

En su declaración ha destacado el papel desempeñado por algunas de las Comunidades Autónomas en esta materia poniendo como ejemplos a Cantabria, por el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, o Aragón y Navarra por sus centrales eólicas.

La suma total asignada a toda la Unión Europa asciende a 9.000 millones de euros y entra dentro del plan para la lucha por el cambio climático.

La comisaria, en una clara alusión a España, también ha manifestado que existe un “desfase con otros países europeos en términos de investigación” pero que “ya se está invirtiendo en corregirlo”.

También a subrayado la necesidad de que sean las regiones las encargadas de las inversiones en renovables pues son “esenciales para alcanzar metas ambiciosas en el sector de la energía, pues sólo ellas pueden convertir las políticas generales en acciones concretas’.

Hübner añadió que existe ‘un potencial enorme para crear puestos de trabajo sostenibles y para idear tecnologías innovadoras que ayuden a reducir la huella del carbón’.

Además, en los próximos 5 años la UE invertirá 63.800 millones de euros para promover la investigación y el desarrollo. De los que gran parte del I+D será en exclusiva para el desarrollo de la energías renovables.

La Union Europea quiere así demostrar lo implicada que esta, no solo en intentar reducir las causas del cambio climático, sino que busca con gran ímpetu una solución de futuro al grave problema del llamado colapso del desarrollo por la falta de fuentes energéticas distintas del petróleo.

Sin duda este tipo de noticias siempre son bienvenidas y es un placer informar de las mismas.

Un documento interno de la Comisión Europea cuestiona la propuesta de la UE de fijar un 10% obligatorio en el transporte para el periodo 2007-2020. En el se afirma que el gasto debido a esta normativa podrá llegar a los 65000 millones de Euros en dicho periodo.

Este informe, elaborado por el Centro Común de Investigación (JRC en sus siglas en inglés), también se refiere al ecfecto de la normativa en la reducción de gases de efecto invernadero, advierte que el uso de fertilizantes de nitrógeno y el cambio de uso del suelo (deforestación, drenaje de turberas, roturado de praderas) para cultivar biocombustible podrían liberar los gases de efecto invernadero suficientes para anular cualquier tipo de reducción.

Tambien se afirma que “la creación de trabajo neto sería insignificante por la destrucción en otros sectores” y “el coste económico de usar biocombustibles supera los beneficios“.

Este es, a grandes rasgos, el panorama que nos vaticina esta consultora de la UE. No parece ser muy alentador para el sector y se podría pensar que el informe responde a intereses de sectores que puedan estar afectados por el uso de la biomasa para generar combustible.Sin embargo, este tipo de estudios son muy necesarios pues trasladan decisiones que pueden resultar positivas de partida, a un escenario en el cual, si no se toman las medidas oportunas, podría suponer que lo que en un principio se consideraba correcto y necesario, se convierta en un error grave.

Ciertamente, el uso de una materia prima como lo es la biomasa para un fin novedoso podría alterar las “reglas de juego” preestablecidas por las industrias que ya utilizan este recurso. Mas aún, cuando “el nuevo” viene de la mano de grandes subvenciones estatales y de la UE.

Se espera que los organismos que regulan tengan en cuenta este tipo de informes y tengan también la capacidad de minimizar los daños causados, además de cumplir los objetivos marcados.